Las lecciones de Acandí para conservar las selvas del Chocó

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A través de caminatas por las selvas de Cocomasur, líderes comunitarios del Pacífico conocen los beneficios de proteger los bosques.

Una comunidad afro se organizó y ahora enseña a otras a vivir de la venta de créditos de carbono.

Ferney Caicedo se acerca a un tronco de árbol y lo rodea con sus brazos como si fuera a abrazarlo. Entre sus manos tiene una cinta métrica que acomoda a la altura de su pecho: “¡Un metro!”, le grita a su compañera Yénifer Vidal, quien apunta el dato en una libreta mientras repite en voz alta la medida para constatar que esté correcto.

Ellos son miembros del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Cuenca del Río Tolo y Zona Costera Sur (Cocomasur), ubicado en Acandí, Chocó, y el cual protege cerca de 13.465 hectáreas de selva tropical en la región del Darién.

Durante la semana, Caicedo, Vidal y un grupo de otros técnicos de la patrulla forestal de Cocomasur salen de sus casas en Peñaloza –una aldea cercana a Acandí– para adentrarse en la selva. Vestidos con botas de caucho para el barro y los ríos que deben atravesar, unos chalecos naranjas que los acreditan como guardianes del bosque y un equipo de medición, se dan a la tarea de establecer el grosor de los troncos que componen su territorio.

“Estas mediciones sirven para construir un inventario de los árboles que tenemos”, les comenta Ferney Caicedo –mientras sigue aferrado a un tronco– a un grupo de 20 visitantes, líderes de otras comunidades afrodescendientes del Pacífico. “Con esos datos podemos calcular la cantidad de dióxido de carbono que estas plantan capturan de la atmósfera”. Con ello, Cocomasur ha logrado vender créditos de carbono y financiar su comunidad.

¿Cómo funciona esto? Un crédito de carbono cuesta 10 dólares (unos 30.000 pesos) y equivale a una tonelada del carbono que capturan los árboles. Una tonelada, según el portal web Stand For Trees, encargado de vender los créditos de Cocomasur, es lo que producen al año las llamadas telefónicas de un celular de una persona.

Esos créditos pueden ser vendidos en lo que se conoce como el mercado regulado y el mercado voluntario. El regulado, según el Ministerio de Ambiente, está enmarcado en las reglas internacionales definidas en el Protocolo de Kioto, un pacto entre países para reducir las emisiones de gases efecto invernadero.

En el mercado voluntario están las iniciativas independientes, como la de Cocomasur. Allí, los créditos de carbono pueden ser comprados por cualquier persona u organización. En esencia, esta comunidad protege sus árboles para que no sean talados, y con ello venden la capacidad que tienen esas plantas para limpiar la atmósfera de dióxido de carbono.

Mauricio Salazar, ingeniero forestal del Fondo Acción, organización que acompaña el trabajo de Cocomasur, establece una analogía para entender este servicio ambiental de créditos de carbono con el manejo de las basuras de una ciudad: “Todos emitimos carbono a la atmósfera con nuestras acciones. Estas comunidades, con la preservación de los bosques, están prestando un servicio: limpiar el dióxido de carbono que emitimos. Esto ocurre en las ciudades: le pagamos a una empresa para que recoja nuestras bolsas de basura”.

El principio biológico de ese servicio se fundamenta en que cuando se talan árboles, el dióxido de carbono que ha sido capturado por estas plantas es liberado a la atmósfera, lo que tiene como consecuencia la proliferación de gases de efecto invernadero. Stand For Trees señala que “las emisiones derivadas de la deforestación son comparables anualmente a las de todo el sector de transporte a nivel mundial”.

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El río Tolo, una de las principales fuentes hídricas en Cocomasur, serpentea el norte del departamento de Chocó. Héctor Latorre

Los principales compradores de estos créditos son las empresas, que, por sus actividades comerciales, deben reducir sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. De esa manera, Cocomasur ha encontrado la manera de beneficiar a cerca de 419 familias de los nueve poblados que conforman su consejo comunitario, entre ellos los de Peñaloza, Tibirri, San Francisco y Futurungo.

Cocomasur es la única comunidad que hasta el momento ha sido certificada en Colombia en Redd+ (el proyecto que los avala como vendedores de créditos de carbono). De esa manera están viviendo su sueño de sobrevivir como comunidad a partir de la protección del medioambiente.

Enseñando a los líderes

Desde agosto de este año, este consejo comunitario lea está enseñando a otros líderes del Pacífico cómo beneficiarse de estos servicios de preservación para que ellos también logren vivir a partir de la protección ambiental. Por eso crearon las ‘Giras regionales al proyecto Corredor de Conservación Chocó-Darién’ en Acandí.

Con caminatas de más de seis horas por las húmedas selvas de su territorio, los miembros de Cocomasur les explican a los otros líderes de la cuenca del Pacífico cómo ellos sobreviven a partir de evitar la deforestación, la degradación de bosques y la conservación y protección de sus recursos naturales.

Quienes asisten a estas giras son líderes comunitarios de la cuenca del Pacífico, principalmente de municipios como Tumaco, Nariño; Guapi, Cauca; Nóvita, Bahía Solano y El Cantón de San Pablo en el Chocó. La gran mayoría de los representantes de estos lugares deben viajar cerca de 24 a 48 horas para llegar a Acandí, debido a las precarias vías de acceso.

Por ejemplo, Luis Gilberto Palacios, quien vive en Nóvita, tuvo que tomar una lancha que lo llevara hasta una carretera, luego tomar un carro hasta Quibdó y, finalmente, tomar dos aviones: Quibdó–Medellín y Medellín–Acandí, para reunirse con el equipo de Cocomasur.

Esta experiencia les ha dejado tanto a él como a los demás líderes comunitarios de la región aprendizajes y retos para adherirse al mecanismo de Redd+. No obstante, el proyecto debe empezar por organizar el lugar en el que viven estas comunidades, el cual es colectivo.

En particular, a Cocomasur se le otorgó la titulación de su territorio el primero de agosto del 2005 como consecuencia de la Ley 70 de 1993. Dicha ley tiene como objeto “reconocer las comunidades negras que han venido ocupando las tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico”.

En ese sentido, la tierra pertenece a todos sus miembros y es imperativo una hoja de ruta, con la cual todos estén de acuerdo, para que guíe a sus habitantes. Para Cocomasur fue un desafío lograr que todos estuvieran de acuerdo con la implementación de Redd+; sobre todo al principio, cuando algunos consejos locales manifestaron su escepticismo.

“¿Cómo logran ponerse de acuerdo y solucionar sus conflictos cuando hay tantos miembros en su comunidad?”, le pregunta con curiosidad William Mina, un habitante de Tumaco que asiste a las giras, a Everildys Córboda, coordinadora general de Cocomasur, en su exposición sobre Redd+.

Ella le explica que para Cocomasur, aunque todavía necesitan tener finanzas más sólidas, ha sido una prioridad defender el territorio en el que sus ancestros han vivido durante décadas. “Cuando entendimos que solo íbamos a salir adelante trabajando juntos, nuestros proyectos empezaron a hacerse realidad”, enfatiza Córdoba.

Aparte de los conflictos internos, alrededor de estas comunidades afrodescendientes se han asentado grandes hacendados y terratenientes que han deforestado el bosque para abrirle campo a su ganado. Eusebio Guisao, coordinador forestal de Cocomasur, cuenta que antes de organizarse como un consejo comunitario, los lugareños preferían arrendar un espacio de su tierra y recibir réditos económicos inmediatos, sin pensar en el impacto que tiene en el ecosistema una explotación irresponsable de los recursos naturales.

Árlinton González, habitante del Cantón de San Pablo y asistente a la gira, denuncia que en su territorio, la minería de oro ha depredado los bosques, y el proceso de explotación con mercurio ha contaminado las fuentes hídricas cercanas a la población.

“La experiencia de Cocomasur nos hace ser conscientes de que debemos, como ellos, empoderarnos de nuestro territorio para lograr una minería más responsable en nuestra región (…) Como no tenemos acueducto en San Pablo, tenemos que cuidar los ríos, que son el sustento de muchas familias”, afirma González.Aunque el Pacífico es una tierra rica en recursos naturales, en algunas zonas de Chocó, Nariño y Cauca sus habitantes requieren de proyectos productivos que les proporcionen un sustento a largo plazo. En la tierra de Cocomasur no hay acueducto, la energía está disponible unas cuantas horas al día y la señal telefónica es precaria.

Pero, a pesar de esto, ellos se han organizado y encontrado la forma de cuidar su territorio y vivir a partir de él, y es lo que esperan que puedan lograr algunas de sus comunidades hermanas asentadas en el Pacífico.

Las cifras de este proyecto se consolidan en la protección de 42 especies en vías de extinción, entre las que se encuentra el jaguar, el mono araña, la guacamaya verde limón, la rana arlequín, el tití cabeza blanca y el tapir centroamericano.

Además, dentro de estas 13.465 hectáreas de territorio donde se lleva a cabo el proyecto, hay 88 especies de plantas endémicas y 15 en vías de extinción. Con este modelo de conservación, Cocomasur evitará en un plazo de 30 años la emisión de más de 2,8 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA
Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

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